Las 500 nuevas plazas de jueces anunciadas por el Gobierno han recibido el respaldo de la judicatura, pero con una advertencia sobre los tiempos: buena parte no echará a andar hasta 2027. Así lo han expresado la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV) y Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD) en un comunicado conjunto.
El pronunciamiento llega pocos días después de que el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, anunciara, tras el Consejo de Ministros del pasado martes, la creación de 500 plazas para jueces y otras 200 para fiscales.
«Va en la dirección correcta»
Ambas asociaciones enmarcan la decisión en «una reivindicación común de todas las asociaciones judiciales» y la vinculan a su petición de ampliar la planta judicial y reforzar la composición de los tribunales frente al aumento de la litigiosidad. La medida, sostienen, «va en la dirección correcta, la de adecuar la dimensión de nuestros tribunales a las necesidades crecientes de profesionales del derecho y ciudadanía».
Por eso la califican de «impulso importante» y reconocen el «esfuerzo» del Ministerio, aunque le reclaman que no se quede en un gesto aislado: piden convertirla en el arranque de una política sostenida de ampliación de la planta que corrija el «déficit crónico» de plazas que arrastra la carrera judicial.
El problema, en el calendario
El reparo llega con las fechas. AJFV y JJpD lamentan que las primeras plazas no entren en funcionamiento hasta el 31 de diciembre de 2026 y que el grueso de las incorporaciones no sea efectivo hasta junio y noviembre de 2027. Ese calendario, advierten, retrasará el efecto real de la medida sobre la carga de trabajo que hoy soportan jueces y tribunales.
