El Tribunal Supremo ha puesto punto final al recorrido judicial de Lactalis en el llamado cártel de la leche y, al hacerlo, ha despejado el camino para que miles de ganaderos reclamen los daños sufridos, una cifra que sus representantes elevan por encima de los 1.200 millones de euros.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo, en su sentencia 808/2026, de 29 de junio, ha desestimado por completo el recurso de casación de Grupo Lactalis Iberia y ha respaldado tanto la resolución sancionadora de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), de 11 de julio de 2019, como la sentencia de la Audiencia Nacional de 12 de febrero de 2024. La decisión es firme e inapelable, consolida los hechos acreditados por la CNMC y deja en pie la multa de 11,7 millones de euros impuesta a la compañía.

La defensa de los ganaderos ha corrido a cargo de la firma Eskariam, en colaboración con el despacho internacional Hausfeld, que han acompañado al sector en todas las instancias.

Una estrategia para achatar los precios

El origen está en las prácticas anticompetitivas de varias industrias lácteas en el mercado de aprovisionamiento de leche cruda de vaca. La CNMC declaró en 2019 una infracción única y continuada que agrupaba cuatro tipos de conductas: intercambios constantes de información sobre precios de compra —presentes y futuros—, volúmenes, fuentes de suministro y excedentes, además de pactos para bajar precios, repartirse ganaderos y controlar excedentes en un momento de fuerte caída del mercado.

El efecto, según el organismo, fue erosionar de forma sistemática la capacidad negociadora de los ganaderos: las industrias implicadas pudieron presionar a la baja el precio de la leche cruda o frenar sus subidas, vaciando de competencia el mercado de aprovisionamiento.

De la CNMC al Supremo

Tras la sanción, Lactalis acudió a la Audiencia Nacional, cuya Sección Sexta de lo Contencioso-Administrativo tramitó el recurso (nº 2269/2019). En su sentencia de febrero de 2024, la Audiencia lo desestimó y avaló la resolución de Competencia. La empresa recurrió entonces en casación, y el Supremo admitió el asunto para pronunciarse sobre el contenido de la propuesta de resolución en los procedimientos sancionadores de la CNMC.

En esa última fase, Eskariam y Hausfeld siguieron representando al sector: más de 7.800 ganaderos de distintas autonomías, con especial peso de Galicia, Castilla y León, Cataluña, Asturias y Cantabria.

Qué resuelve la Sala

El tribunal —presidido por José Manuel Bandrés Sánchez-Cruzat, con José Luis Gil Ibáñez como ponente, y con Eduardo Calvo Rojas, Diego Córdoba Castroverde, Juan Pedro Quintana Carretero y Margarita Beladiez Rojo— rechaza las pretensiones de Lactalis y confirma que, en este ámbito sancionador, la normativa específica de defensa de la competencia prevalece sobre la regulación general del procedimiento administrativo.

La Sala no entra, en cambio, a analizar los argumentos de fondo que la compañía planteaba de forma subsidiaria —restricción por el objeto, ausencia de plan global, infracción única y continuada e igualdad en la aplicación de la ley—, al entender que no guardaban conexión lógico-jurídica con la cuestión admitida a casación. La sentencia queda declarada firme.

Vía abierta a más de 1.200 millones en reclamaciones

Esa firmeza coloca a los ganaderos en una posición procesal muy avanzada para reclamar los perjuicios acumulados durante los años de vigencia del cártel. Según los cálculos de la representación de los afectados, el daño agregado para el conjunto de clientes de Eskariam podría rebasar los 1.200 millones de euros, si bien cada indemnización dependerá del volumen de leche entregado por cada ganadero y del periodo concreto en que se vio afectado.

El fallo consolida además la firmeza ya alcanzada frente a otras sancionadas —AELGA, GIL, CELEGA y Nestlé—, mientras siguen pendientes de resolución los recursos de casación de Danone, CAPSA, Pascual, Schreiber y Puleva.