La Audiencia Nacional ha condenado a Francisco Granados, exconsejero de Presidencia de la Comunidad de Madrid y exalcalde de Valdemoro, a dos años y seis meses de prisión por fraude continuado y prevaricación. El tribunal considera acreditado que favoreció, entre 2007 y 2014, la adjudicación de contratos a la empresa de espectáculos Waiter Music.
El fallo lo firma la Sección Primera de la Sala de lo Penal en la pieza separada 7 de la macrocausa 'Púnica', que sentaba en el banquillo a 14 personas —entre alcaldes y técnicos— por una batería de contratos concedidos por la Comunidad de Madrid y por varios ayuntamientos de la región a Waiter Music. La compañía pertenecía al empresario José Luis H., que no llegó a ser juzgado al haber fallecido.
Según la sentencia, Granados «mantuvo una capacidad de influencia continuada sobre los órganos decisores, aun sin ostentar formalmente competencia administrativa directa», y se benefició de esa relación mediante «la recepción de sistemática de prestaciones en especie no retribuidas», consistentes en eventos privados costeados por el empresario.
Otras condenas y absoluciones
La resolución no se detiene en Granados. Reparte también penas entre los exalcaldes de Valdemoro José Carlos Boza y José Miguel Moreno —cuatro y dos años de cárcel, respectivamente— y condena a dos años de prisión a la exregidora de Ciempozuelos, María Ángeles Herrera, y al de Moraleja de Enmedio, Carlos Alberto Estrada.
En el lado contrario, el tribunal absuelve a los exalcaldes de Móstoles Esteban Parro y Daniel Ortiz Espejo, junto a otros dos acusados en esta pieza.
Expedientes «predeterminados» a favor de la empresa
Los hechos probados dibujan una relación comercial prolongada. Waiter Music trabajó para el Ayuntamiento de Valdemoro entre 2004 y 2013 y, entre 2007 y 2011, para los de Móstoles, San Martín de la Vega, Algete, Chinchón, Ciempozuelos, Torrejón de Velasco y Moraleja de Enmedio, todos gobernados entonces por alcaldes del PP. Esa continuidad, sostiene la Sala, fue posible porque los expedientes administrativos, «cuando los había, estaban predeterminados para que fuesen adjudicados», bien a Waiter Music, bien a sociedades controladas de forma directa o indirecta por José Luis H.
El esquema, describe el tribunal, permitía disponer de una empresa que ejecutaba los festejos con normalidad y, al tiempo, prestaba servicios extra a demanda de los políticos: añadidos decididos sobre la marcha durante las fiestas, o actos privados del PP municipal o de alguno de sus miembros que nunca se facturaban. A cambio, «José Luis H. realizaba tales encargos para seguir contando con el favor de los diferentes políticos municipales en la adjudicación de festejos», asumiendo el coste de algunos e inflando en otros casos las facturas por encima del beneficio real de los actos.
La sentencia enumera los servicios contratados con los distintos consistorios bajo esa misma «dinámica»: fiestas patronales, Carnavales o Cabalgatas de Reyes, entre otros, desde 2007 y durante varios años.
Un «impulsor y facilitador» desde el poder político
El fallo perfila con cuidado el papel de Granados. Su intervención, precisa, «no se articula como gestor directo del expediente administrativo, sino como elemento impulsor y facilitador del sistema desde una posición de poder político e influencia determinante». La adjudicación de contratos en su órbita se producía, añade, en un contexto en el que «la relación personal y política facilitaba la obtención de decisiones favorables», ligada a los beneficios económicos indirectos del empresario, «pero sin una influencia directa».
Los magistrados cierran con una consideración probatoria de calado en este tipo de causas: en los delitos de corrupción la prueba suele ser indiciaria y de corroboración cruzada, de modo que para atribuir responsabilidad penal por prevaricación administrativa y fraude en la contratación no es exigible una «acreditación directa, formal o documentada del acusado en cada uno de los actos administrativos irregulares».
